Ha ocurrido una promoción excesiva de alianzas con el sector privado sin disposiciones claras sobre derechos humanos, igualdad de género e integridad ambiental para "favorecer la implementación" de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Esto, mientras se ignoran las recomendaciones de varios relatores especiales de las Naciones Unidas sobre pobreza y derechos humanos, deuda, derechos de los pueblos indígenas y otros. Los partenariados público-privados y otras modalidades han afectado al sector público, reducido los beneficios para la población, dejado sin cobertura a sectores cruciales con una profunda necesidad de inversión (bajo el argumento de ser de “alto riesgo”) sin considerar los beneficios a largo plazo, y de hecho, dirigiendo las inversiones a megaproyectos con impactos ambientales, sociales y económicos cuestionables.